martes, 15 de noviembre de 2016

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MEJOR SERVICIO CIVIL


Ser miembro del Servicio Civil del Estado, o sea, ser trabajador del Estado debe ser concebido como un mérito y reconocimiento de competencias diferentes y superiores en atención al servicio a los ciudadanos, en oposición a la creencia actualmente existente entre la población, precisamente por la inadecuada gestión de las autoridades de la Administración Pública, por su incapacidad de dirigir los procesos en todos y cada uno de los sistemas administrativos del Estado, por la escasa formación, especialización y perfeccionamiento constante del personal, la baja autoestima generalizada de los trabajadores, por la pésima atención que se les brinda y las bajas remuneraciones absolutas y relativas en comparación con las de los trabajadores de las empresas privadas sin tomar  en cuenta su productividad y amplios criterios de meritocracia.

Tenemos que poner la reforma del Servicio Civil en un contexto de la reforma del Estado y la necesidad de la modernización de la Administración Pública.

Se debe concretar un control previo, concurrente y posterior, que sea efectivamente colaborador y no solamente controlista y sobre todo sancionador como es actualmente el Sistema Nacional de Control con la Contraloría General de la República, a la cabeza del mismo, sin tener privilegios ni prebendas especiales que generan celos y rechazos por aprobación de normas especiales como lo fue en su momento poder ser Contralor General de la República sin acreditar título profesional ni licencia de ejercicio profesional que corresponde a la Colegiatura, exigencias que sí se dan con el resto de trabajadores de la Administración Pública.

Se necesita revisar de raíz la estructura y funcionamiento del sistema del servicio civil conformante de la Administración Pública. Se debe evaluar el Sistema conocido como SERVIR a la luz de la Reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, de tal manera que no dé lugar a faltas constitucionales de igualdad ante la Ley que deben tener los trabajadores públicos, la igualdad de oportunidades que significa respeto y equidad de trato. En síntesis, hacer una verdadera reforma del Estado y modernización de la Administración Pública que desde su constitución sea ella misma eficiente y equitativa.




No se puede hablar de un Estado y una Administración Pública democrática y participativa, si para implementarla no se toma en cuenta estos criterios básicos. No debe existir un Estado injusto, avasallador y abusivo contra sus trabajadores y pretender que éstos actúen en consonancia con las necesidades y demandas de los ciudadanos, respeto y buenas formas. Es un contrasentido. Sólo así se generará un círculo virtuoso de calidad y excelencia, sólo así se avanzará al desarrollo y bienestar de los individuos y la sociedad mediante una gestión para resultados para el desarrollo, GpRD.

Finalmente, es preciso que la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública no sean concebidas sólo como un asunto de interés de los funcionarios públicos sino de la sociedad en su conjunto, pues interesa a unos y otra. El Perú entero juega su futuro en ello.

Algunos por ingenuidad y otros por otras motivaciones han querido y quieren hacer creer a la población, así como les han hecho creer a los gobernantes, que el sistema de gestión de personal SERVIR tal como está es lo mejor para tener una administración pública moderna, eficiente, creativa y gestora del mejor y mayor valor público. Pero esto no es tan verdad, por su concepción y tipo de participación de los trabajadores en su desarrollo.

Lamentablemente los más importantes funcionarios del Estado, concretamente del gobierno actual (sin que sea diferente al de los dos anteriores), consideran inexplicable e indebidamente a la administración pública intrínsecamente  ineficiente, pues de una o de otra manera se culpan a ellos mismos y a quienes ellos nombran, contratan o encargan para desempeñar las labores más importantes.

Una oportunidad especialmente crítica para demostrar lo que decimos, es la necesidad y urgencia de diseñar, implementar, controlar y evaluar políticas agresivas para cambiar la tendencia de desaceleración y retomar la aceleración o reaceleración y volver a tomar como “velocidad de crucero” tasas de  crecimiento del PBI con más del 5% y adicionalmente reducir desempleo, subempleo y pobreza. Esto lo puede y lo debe hacer personal altamente calificado y honrado que SI EXISTE en la administración pública actual.

Que salgan al frente los nuevos gerentes públicos y muestren lo que están haciendo y logrando para que la administración pública sea cada vez más conocida y reconocida por su eficiencia y honestidad, incluyendo lo que algunos llaman eufemísticamente “islas de calidad” en la administración pública.





La inversión pública sigue cayendo por la incapacidad y pusilanimidad de los funcionarios públicos de todos los niveles, que DEBEN SER SEPARADOS de sus cargos e incluso de las instituciones en que perciben sus remuneraciones. Comenzando por el Presidente de la República, seguido por los ministros de Estado, deben asumir el liderazgo que corresponde, para que todos los demás los sigan y emprendan el camino que lleve a la prosperidad de las grandes mayorías nacionales.

Para ello es indispensable empoderar a tantos funcionarios capaces que permanecen relegados, rumiando las injusticias de los sucesivos regímenes que llegan uno tras otro, contratando a personas incapaces así como a otros, opositores del Sector Público, investidos sólo de calificaciones académicas sin tener los otros elementos de experiencia, actitudes y aptitudes con que las personas acreditan competencias para ejercer con eficiencia, transparencia y decencia los cargos que les asignan.

El sistema SERVIR no ha resultado ni resultará la panacea generalizada para el mejoramiento de la administración pública,si no incluye un mejor enfoque de la participación de los trabajadores y reconocimiento de los derechos de todos ellos;  hay que aprovechar y potenciar el inmenso potencial humano con que se cuenta actualmente, utilizar los medios e instrumentos disponibles de motivación y participación responsable, sin favoritismos ni aumentos de remuneraciones y otras condiciones especiales a quienes no los merecen por línea de carrera ni por criterios de meritocracia, Es hora de dar las oportunidades de ascenso a quienes las merecen y ser a la vez enérgicos  y hasta drásticos en aplicar las medidas correctivas. Calidad y Excelencia no significan permisividad, complacencia ni complicidad. El Perú necesita y exige justicia y equidad en base a eficiencia, transparencia y decencia.

Urge una nueva República de ciudadanos libres
Urge una nueva administración pública
 con trabajadores bien considerados

Carlos A. La Rosa Lama
Profesor UNMSM-UNAC



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