La actual crisis que padece
el ´Perú se expresa en una significativa reducción del crecimiento económico
que puede desembocar en una aguda recesión con graves problemas sociales y
políticos que afectarían la gobernabilidad, la democracia y la vida misma de
peruanos y peruanas.
No hace falta que insistamos
más en los diagnósticos que han formulado diversas personas naturales y
jurídicas, sean de la academia, el gobierno, los empresarios y otras varias
fuentes, no siempre con objetividad, razonabilidad, pertinencia y sobretodo en
función de os intereses y objetivos nacionales.
Lo cierto es que se ha
dejado pasar una y más veces las oportunidades que tuvo el país durante el
período del boom de los precios extraordinariamente altos de los productos de
exportación y las condiciones financieras del mercado internacional, por lo que
la situación actual es una consecuencia de factores internos y externos.
Superemos los lamentos y las
incesantes críticas mutuas que van de y otro lado, sean del Poder Ejecutivo y
del Poder Legislativo, los gobiernos locales y regionales , los empresarios,
los trabajadores y, en general, los ciudadanos que padecen estoicamente las
penurias actuales agravadas por la comisión de delitos, la impunidad y la
indiferencia de las diversas autoridades.
Podemos decir que debemos
atacar de manera firme, urgente y permanente dos frentes, con carácter de
guerra nacional, esto es, la corrupción y la ineficiencia pública y privada,
pues ambos males se han generalizado y amenazan la vida misma de la República.
Debe haber un Comando Único
de Guerra Nacional, correspondiéndole al Presidente de la República el
ejercicio del mando y liderazgo supremo, secundado, sí secundado, por los
Presidentes de los otros dos Poderes del Estado, actuando como Consejo de
Estado, dejando de lado paparruchadas de la existencia o no de tal organismo en
la estructura actual del Estado del Perú. Si no existe, que exista de
inmediato.
Que como unidades de apoyo y
asesoría actúen coordinadamente los
organismos constitucionalmente autónomos, como son el Tribunal Constitucional y
la Contraloría General de la República, entre otros, siendo responsables de su
ejecución los diversos niveles de gobierno: nacional, regional y local, con
personal y militar y civil.
Se debe considerar de manera
prioritaria la determinación de un tratamiento pleno de guerra, esto es, con
juzgamiento y aplicación de sanciones propias de la situación de guerra a los
infractores, sean del sector público o privado, cuando se trate de delitos de
traición a la patria, debidamente tipificados y prescritos en los dispositivos
legales correspondientes. Que no tienen porque ser exclusivamente los considerados como tales en caso de guerra
externa.
Carlos A. La Rosa Lama
Economista-
M.A.
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