Existen
diversos tipos de conflictos sociales, los que suelen clasificarse como:
- Socioambientales
- Asuntos de gobierno nacional
- Asuntos de gobierno regional
- Asuntos de gobierno local
- Asuntos comunales
- Asuntos laborales
- Otros
Vale
decir tienen diverso origen, naturaleza, tratamiento y solución, para lo cual
es necesario que exista voluntad de reconocimiento y solución de los mismos,
por las partes relacionadas directa e indirectamente.
Ancash
y Puno son las regiones con mayor peligro de conflicto minero aunque la
agudización de los conflictos no necesariamente se ha registrado principalmente
en estas dos regiones, como ha sido el de Tía María, en Arequipa,
recientemente, y que al no ser tratado en forma correcta y oportuna, degeneró
en cierra puertas de negocios, heridos y muertos, terminando en situación de
emergencia decretada por el gobierno nacional. En cambio, los casos
correspondientes al sector energético se concentran en Junín, Lima y Amazonas.
La mayoría de los casos relacionados con la actividad de hidrocarburos se
ubican en las regiones de Piura y Loreto.
Es
bien conocido que estos problemas tienen una incidencia negativa importante o
muy importante en el desarrollo de importantes proyectos, llegando a significar
varios miles de millones de nuevos soles lo que se refleja en el crecimiento económico,
calculándose que bien pueden significar 2 puntos del PBI. De otro lado, es
igualmente conocida la no armonización de tratamiento de los diversos problemas
existentes por parte de los tres niveles de gobierno, es más, no solo falta
armonización de políticas y tratamientos sino que existen posiciones
antagónicas entre ellos, lo que hace estéril su participación en los intentos
de solucionarlos, cuando no es que los gobiernos locales y regionales se oponen
al gobierno nacional, con enorme pérdida de tiempo y capacidad operativa, con
excesivos costos sin poder producir ni ofrecer hacer los bienes y servicios
necesarios para lograr el bienestar de la población.
Estos
conflictos socioambientales constituyen una de las trabas principales para la
ejecución de los proyectos de inversión clave para el país, constituyéndose por
tanto en un freno para el crecimiento normal de la economía nacional.
Estos
conflictos surgen, generalmente, porque las poblaciones, con o sin razón plena,
perciben que han sido maltratados por las empresas que han operado en su
territorio o en zonas aledañas, y que han sido igualmente olvidadas o
abandonadas por el gobierno.
Es
preciso que el gobierno nacional, en coordinación con los gobiernos regionales
y locales, adopten decisiones conjuntas, comenzando por superar la separación y
hasta contradicción existe entre ellos, lo cual es una fuerte debilidad para
tratar y resolver estos problemas. Hay avances, pero todavía falta. En esta línea
de trabajo, el protagonismo o labor principal de solución de los conflictos no
debe ser llevada a cabo por las autoridades de nivel nacional, sino por los de
nivel local y regional, de acuerdo a la naturaleza y objetivo de una verdadera
descentralización, y que dejen éstos de ser parte del problema, como ha
sucedido tradicionalmente en el esquema centralista y porque “a río revuelto,
ganancia de pescadores”, algunos de los cuales, por lo menos, ven estas situaciones
como oportunidades de ventaja política y económica para ellos y sus grupos.
Se
debe buscar formas innovadoras en la relación gobierno – población – empresa
para que, con soluciones permanentes se pueda avanzar, incluida la modificación
del canon, la ejecución de obras y prestación de servicios, conjuntamente con
otras varias medidas de participación empresarial y comunal, puedan llevarse a
cabo las inversiones y lograr el desarrollo local, regional
y nacional, en armonía y mutuo bienestar.
Carlos A. la Rosa Lama
Docente universitario
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