Carlos A. La
Rosa Lama
Tal como han
estado y siguen estando las cosas, especialmente las inversiones, en las
regiones y ciudades del interior del país, podemos decir que es un intento
mayoritariamente fallido. Ya han pasado varios años para identificar y corregir
las causas que causan de esta situación anómala y negativa para las respectivas
poblaciones.
El Perú es un
país unitario y descentralista, de acuerdo a la Constitución y las leyes de la
República, en ese orden formal y así debe ser también en términos y condiciones
reales, pero no es así. No hay coordinación y menos sujeción de los gobiernos
subnacionales (regionales y locales) al gobierno nacional, por culpa de éste y
de aquellos, que llevan al desvirtuamiento del proceso de descentralización con
el agravamiento creciente en términos económicos, sociales y políticos, que se
refuerzan perversamente con la burocratización, la inmoralidad y la falta de
cuadros técnicos para revertir esta situación.
Se ha perdido de
vista el por qué y el para qué de la descentralización. Se alegó el sistema
abusivamente centralizado, con marcado espíritu patriarcal y fomentador de
cacicazgos locales dependientes de las autoridades del gobierno central, con
despreciables clientelismos y yanconajes económicos, sociales y políticos. Se
promulgó y echó a andar la descentralización, pero la realidad ha sido todo lo
contrario, se copió y acrecentó los errores, vicios y delitos del antiguo y muy
arraigado centralismo, sin tomar en cuenta las necesidades, deseos,
expectativas y objetivos de los ciudadanos. Se trató de una simple y defectuosa
transferencia de poder, facultades y recursos pero no de un cambio de actitudes
y comportamientos que significaran atención directa, inmediata y eficiente de
la población con uso de recursos de las mismas regiones y ciudades, con mayor
valor y también mayor capacidad de producción, apropiación y utilización por
los pobladores.
De otro lado,
debido a esta mala concepción de descentralización, arrogante como el viejo
centralismo, ha habido escaso incremento en la organización y participación de
la ciudadanía en la organización, gestión y control de las entidades encargadas
de llevarla a cabo de manera más racional y equitativa. Ello implica
deficiencias en el nivel nacional y los niveles regional y local, pues se ha
agudizado y hecho más patente la incapacidad de este nivel de formular
políticas públicas generales pero a la vez que permitan la ejecución flexible y
diversa por los organismos regionales y locales, mientras que éstos por falta
de formación y experiencia, no logran tener los talentos necesarios para
adoptar decisiones convenientes a fin de promover y lograr el desarrollo
emergente desde sus propias realidades. Ambos fenómenos conducen a una inconveniente
reconcentración de centralización, “sacándole la vuelta” a lo que pregonan las
leyes de la descentralización y la regionalización.
Un elemento
adicional para el desempeño ineficiente de la descentralización es la
irracional aprobación de regiones por el simple cambio de nombre de
departamentos con igual demarcación territorial, sin tomar una vez más
consideraciones estratégicas de la existencia y utilización conjunta y
sinérgica de recursos humanos, materiales y tecnológicos, con planificación del
territorio incluyendo la debida conectividad e integración de diversos
territorios afines y complementarios, con la fallida distribución de recursos
mediante la asignación de canon petrolero, minero, forestal y portuario,
respectivamente, generando exclusiones y marginaciones con luchas entre pueblos
próximos.
Finalmente,
hay que revisar la actual gestión de las actividades estratégicas de carácter
económico y social, como son la producción industrial, medioambiental, salud y
educación en que se nota un divorcio y oposición entre lo unitario y la
descentralización, atentado contra la esencia función del Estado: promotor del
desarrollo integral de las personas y
sostenible.
Es hora de
replantear y llevar adelante la reorganización de la descentralización, por el
bien de los peruanos y peruanas.
